Reforzará PVEM trabajo anticorrupción

Vanessa Sánchez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- A fin de garantizar que la corrupción se castigue en Guanajuato, los diputados del Partido Verde propondrán en el Congreso del Estado, reformas a la Ley para solicitar más requisitos a quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Para la coordinadora de los diputados del Verde, Vanessa Sánchez Cordero, es importante que el próximo titular de esta dependencia cumpla no sólo con los requisitos legales que se solicitan actualmente, sino con experiencia en el tema.

La primera modificación a la ley que propondrán los diputados es que la persona que ocupe el cargo tenga experiencia de cinco años en fiscalización y rendición de cuentas.

“Recordemos que la Secretaría de Transparencia tiene la función específica de ser la Contraloría de las dependencias de Gobierno, no es un tema menor, es un tema que requiere experiencia para poder cumplir y darle a la Secretaría la función que se requiere”, dijo.

Otra de las modificaciones a la Ley que propondrá el Partido Verde, será la implementación de una evaluación a la experiencia que ha tenido en los cargos de fiscalización y rendición de cuentas.

Vanessa Sánchez consideró como insuficientes los requisitos con los que actualmente una persona puede ocupar este cargo, que son: no ser o haber sido dirigente de partido o asociación política a nivel nacional, estatal o municipal, candidato a puesto de elección popular, ni ministro de algún culto religioso en los cinco años anteriores a su nombramiento.

Para los legisladores del Partido Verde es importante que el próximo titular cuente con experiencia en actividades vinculadas con acciones en materia de control interno y fiscalización; vigilar, conducir, formular y colaborar actividades en materia del Sistema Estatal Anticorrupción, vigilar y coordinar acciones para el mejoramiento de la administración pública, investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas.