Ciudad de México.- A poco más de dos años de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para poner un freno a la impunidad “la corrupción sigue galopante”.
Así lo manifestó el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba al presentar en tribuna del Congreso federal, una serie de mecanismos para crear la figura de alertadores contra la corrupción y protegerlos en el momento que presenten una denuncia incluso, contra sus superiores jerárquicos en cualquier instancia de gobierno.
Ramírez Barba mencionó que en el paquete de leyes publicadas como parte del Sistema Nacional Anticorrupción hace 835 días, no prevé la protección de los servidores públicos o empresarios quienes denuncien actos de corrupción por lo que, hasta este momento, se ha mantenido la tendencia de actos ilícitos cometidos en donde se involucran recursos del erario.
“En México trabajamos 4.2 millones de servidores públicos, si la corrupción es tan galopante como se supone, ¿Cómo es posible que 4.2 millones de mexicanos, servidores públicos o representantes de la iniciativa privada que trabajan con ellos o tienen que interactuar con ellos, no se den cuenta que hay actos de corrupción?”. El hecho es que no existe una ley que proteja a quien levante la alerta de la comisión de dichas prácticas.
Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso federal, propuso que en las leyes General de Responsabilidad Administrativa y Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, se elimine la figura de denunciante y se cambie por la figura de alertador, y se inserte a esta ley un capítulo específico para la protección del alertador de actos de corrupción en las administraciones públicas federal, estatales o municipales.
“Pretenderíamos con esto que, entre las medidas de protección a los alertadores, se les provea de asistencia legal para lo hechos relacionados con su denuncia, la reserva de su identidad cuando así se solicite, la protección de sus condiciones laborales no pudiendo ser cesado, despedido o removido de cargo a consecuencia de su denuncia y, no impedir su participación en licitaciones futuras en caso de ser persona física”, dijo Éctor Jaime.
Finalmente, el subcoordinador Anticorrupción en el GPPAN, dijo que legislar en esta materia, será una señal a la ciudadanía para proteger a la personas que conozcan o tengan pruebas de tratar con un servidor público que incurra en actos de corrupción “esta es la oportunidad para estimular y poner a la vista de todos, si realmente lo queremos hacer, que un servidor público pueda denunciar cualquier acto de corrupción como aquí hemos dicho hasta el cansancio”
