La reducción de más de $100 millones de pesos en este año al subsidio de FORTASEG para Guanajuato, sin duda representa preocupación para quienes acostumbran beneficiarse con cuotas indebidas en ese gasto; y también se dejarán oír quejas de responsables de la seguridad pública en municipios y del propio Estado, con el argumento de la falta de recursos para proporcionar debidamente el servicio de seguridad pública.
El contexto de esta reducción presupuestal es que, en 2018 fueron 21 municipios del Estado de Guanajuato los que recibieron $284 millones de pesos como apoyo de FORTASEG, mientras que en 2019, serán sólo cinco municipios los que recibirán el apoyo que sumará $184 millones de pesos, siendo los beneficiados León, Irapuato, Celaya, Pénjamo y Salvatierra.
La gran mayoría cuestiona esta reducción presupuestal como si de ello dependiera la efectividad en la seguridad pública, cuando basta hacer una retrospectiva a las décadas recientes para darnos cuenta de que, el gasto económico no ha sido determinante para contrarrestar los problemas de inseguridad que padecemos, inclusive, se han incrementado a niveles que hoy vivimos como la peor situación de inseguridad que se recuerda en Guanajuato.
No todo es dinero para la seguridad, es mi reflexión de hoy. Y es que, mientras prevalezcan al frente de la seguridad personas con falta de compromiso moral y ausencia de un desempeño profesional, no habrá cantidad de dinero que permita dar los resultados que esperamos y necesitamos en la seguridad pública.
La corrupción se ha alcanzado en este tema al grado de que, el interés que prevalece de quienes deben responder por la seguridad pública, está puesto en recibir esos recursos y gastarlos de tal manera que obtengan corruptamente beneficios por cuotas, sin importar los resultados que deben ser palpables para la población en cuanto a seguridad.
FORTASEG es un subsidio para cubrir aspectos de evaluación de control de confianza de policías municipales, su capacitación, mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia. Salvo el gasto de evaluación de confianza y mejoras laborales, todo lo demás permite un amplio margen para beneficiarse funcionarios corruptos, de ahí el interés y preocupación de muchos ante este recorte presupuestal.
Y al referir a funcionarios corruptos no es solo municipales, suponiendo que los beneficiados directos son los municipios, sino también del Estado, considerando que éste controla de hecho policías como la de Celaya (aunque no haya formalmente convenios de mando único), municipio que por cierto se verá beneficiado con un incremento de $19 a $34 millones de pesos en este subsidio.
La austeridad siempre ha sido un panorama con mayor o menor margen en el ejercicio de recursos públicos, pero hoy y en el caso específico de la seguridad, sostengo que los responsables de la seguridad pública deben asumir el reto moral y profesional para dar resultados en tiempo y forma razonables, evitando justificar que no hay resultados en estos términos, por la falta de recursos.
El planteamiento es sencillo. Si traducimos esta situación a un entorno de iniciativa privada, es como contratar a un gerente de quien esperamos resultados de productividad, pero de antemano nos dice que no dará resultados porque le faltan recursos; ¿quién mantendría con pago a ese gerente si no dará resultados de productividad? o al menos, un avance en el rumbo previsto para ello. El vicio en la administración pública radica en que, secretarios y directores de seguridad pública justifican que no dan resultados positivos por la falta de recursos presupuestales, pero siguen cobrando su sueldo y gastando recursos públicos.
En mi opinión, hay criterios que deben revisarse con una perspectiva de resultados, tanto para la designación y permanencia de funcionarios responsables de la seguridad pública, como para la asignación de subsidios como FORTASEG. Y es que, hoy por hoy, uno de los criterios que ha prevalecido en la asignación de recursos es la incidencia delictiva, es decir, entre más delitos hay en un lugar, más recursos se les otorga, cuando tal vez, el problema, no es la falta de dinero, sino la falta de aptitud o ausencia del compromiso moral de quienes encabezan y operan las corporaciones policiales, manteniéndose a estas personas responsables de la seguridad pública sin importar su ineficacia (casos relevantes por cierto, el de Álvar Cabeza de Vaca y Zamarripa, en lo estatal, y muchísimos casos en lo municipal).
El recorte en el subsidio de FORTASEG en Guanajuato puede tener otras lecturas, pero independientemente de ello, deberíamos verlo como una oportunidad para detonar la capacidad y aptitud inteligente de los responsables de la seguridad, para dar esos resultados favorables que necesitamos ver, pero valiéndose de los recursos disponibles.
El principal recurso que hoy se necesita no es el dinero, es la calidad moral y profesional de los responsables de la seguridad pública.
Mtro. Jorge Acuña
Referencias.
Federación recorta recursos de FORTASEG para Guanajuato.
Recuperado el 14 de febrero de 2018.
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.
Recuperado el 14 de febrero de 2018.
