Las listas del nepotismo o corrupción

Adolfo Pons, politólogo y académico leonés.

El lunes, amanecimos con la publicación, en el periódico El Correo, donde hacían público lo que ya se conocía a voces, en SAPAL se practica el influyentismo, condonando o haciendo descuentos a cuentas de empresarios y políticos cercanos al PAN, a la administración Municipal.

La cantidad es estratosférica, más de 1,400 millones de pesos en ésta práctica. Donde encontramos nombres de personas que han estado en varios consejos y en la misma administración municipal, así como empresas altamente rentables, que son notoriamente pro-panistas y organizaciones sociales y empres que debieran cumplir con su responsabilidad social de condenar las malas prácticas administrativas; por inverosímil que pareciera.

Nombres como Salvador Sánchez Romero, Luis Ernesto Ayala, Alfredo Ling, Elías Villegas Torres, Fernando Torres Graciano, Juan Manuel Oliva, Bárbara Botello, Universidad La Salle, Colegio Británico o el Cumbres, o el Estadio León, que por cierto tenía un pozo propio al inicio de la trasformación de Asociación Civil, a entre privado. Lo único que exhiben es la magnitud y el descaro de la aplicación del criterio en la condonación.

Cuántas condonaciones se hicieron a gentes de la tercera edad o realmente necesitados. Cuántas veces hemos sido testigos, de gente humilde, que no tiene para completar el pago mínimo y está pidiendo descuento y NO se lo otorgan, bajo el justificante de “no se puede” o “ya se le hizo en una ocasión y no tiene derecho a más”.

Por qué a éstos personajes, se les condonaron cuentas y en varias ocasiones, por qué condonar cuentas de empresas. Por qué condonar cuentas de colegios que tienen colegiaturas por persona de más de $5,000 pesos mensuales y reinscripciones de casi $15,000 pesos, cuando hay instituciones públicas carentes de agua incluso.

Recordemos el penoso caso de la destitución de la anterior jefa de Atención a Clientes, quien aplicó varios descuentos a familiares y amigos. Pero para evitar eso, SAPAL nombra a Julio Becerra Moreno, quien según se menciona en la investigación, fue quien más descuentos autorizó.

Pero en SAPAL, no ha sido todo. Tenemos la renuncia de su anterior Presidente de Consejo, por beneficiarse con obras en sus propiedades. Y para cerrar con broche de oro, tenemos el nada ortodoxo, cuasi vergonzoso, selección de su nuevo presidente

Esto por sí mismo, es un escándalo mayúsculo.

Pero para acallar ésta situación, el mismo municipio hace público, lo que para ellos es un logro. La noticia de que están acusando a dos empleados de bajo nivel, por defalco, vía descuentos masivos en el predial.

Lo primero, no puede llamarse logro a algo que les sucede en sus narices, y no fueron ellos quienes lo descubren. Se dan cuenta, porque una mujer mayor de edad, se presenta a reclamar el descuento de este año, que se le “otorgó” el pasado.

Después de éste incidente fortuito, se desencadena una serie de errores monumentales. El contralor, en una entrevista radiofónica, declara que “se resarcirá el daño a las arcas municipales, con el cobro de esos descuentos, ya que los recibos de los cuentahabientes son falsos”.

Increíble su postura. Un recibo firmado y sellado por la caja, por X cantidad, que ingresa esa misma cantidad a la cuenta del municipio, es tan válido como un billete emitido por el Banco de México.

Sí alguien hizo un descuento sin autorización, el problema no es del contribuyente, sino de quien hizo la mala práctica y del municipio en consecuencia.

Siguiente error, despiden a los involucrados, por hacer los descuentos indebidos y “presuponer” (sin pruebas lógicamente), que obtuvieron un beneficio económico.

¡Por favor! Quién es el genio en Desarrollo Institucional, Recursos Humanos, en el jurídico, o en la misma Secretaría del Ayuntamiento, que autorizó despedir a las 2 personas involucradas sin pruebas de ese beneficio que obtuvieron. Qué no saben, que llevar a un juicio penal o laboral a una persona donde se “presupone” obtuvo un beneficio por una mala práctica, es perder de antemano ese juicio.

Al final, el municipio, estará pagando salarios caídos y un laudo en contra, por despido injustificado a esas personas, que ni en los sueños más húmedos, de los abogados del municipio, pisarán la cárcel.

A todo esto, saltan varias interrogantes. ¿Por qué, sí, ya tenían el modus operandi de la “banda del predial”, no simularon una operación, para conocer quiénes estarían involucrados, y así con las pruebas del cohecho y conocedores del tramo de acción, tomar las medidas legales correspondientes en materia penal, AÚN SIENDO EMPLEADOS, como lo dicta la ley?

¿Por qué no se dice nada del supervisor encargado de cuadrar las cuentas en montos y pagos realizados? ¿Por qué, 2 empleados de muy bajo nivel, tienen acceso y autorización para hacer descuentos? ¿Son los únicos 2 quienes tienen esa autorización? ¿Por qué, sí, así lo es, NO tienen una supervisión acorde a esa operación? (muy inusual, por cierto) ¿Qué medidas de control no se hicieron? ¿Qué medidas de control correctivo se tomaron?

Pero lo que sí debe ser interesante y que no se ha hecho público, ¿Quiénes son los beneficiados de esos descuentos? Seguramente, nada sorpresivo sería, que encontrásemos nombres coincidentes con la lista de SAPAL.

El final que veremos, lo podemos imaginar fácilmente: los empleados despedidos, no pisan la cárcel y ganan el juicio laboral con 1 año de salarios caídos, o restitución en sus puestos. Los 2 empleados, de bajo nivel mencionados, son meros chivos expiatorios, y la red al interior (“la banda del predial”), con gente de mayor nivel comandándola; sigue con capacidad operativa, para seguir actuando, y un tesorero culpando al anterior por rencillas políticas.

Pero lo más grave, intentaron esconder una lista de SAPAL con otra lista, como cortina de humo, pretendiendo hacer creer un logro de la administración, cuando es su propia exhibición de la incapacidad administrativa que tienen.

Estamos ante actos de nepotismo y corrupción al interior de la administración municipal ¿Qué falta por ver?