León, Gto.- Por mayoría en la Comisión de Gobierno en el Ayuntamiento de León, se determinó inhabilitar a las actuales diputadas Bárbara Botello Santibañez y Beatriz Manrque Guevara por un año para ocupar cargos públicos. La sanción se extendió a otros funcionarios públicos que aprobaron el servicio de limpia para el sexenio de la priista.
Será el próximo jueves cuando, en Sesión de Ayuntamiento, se establezcan las sanciones que se impondrán a quienes participaron en el proceso de aprobación de la licitación pública 001/2014 para operar el SIAP y donde se determinó que hubo daño al erario en este proceso que costó 2.6 millones de pesos.
Entre los ex integrantes del Ayuntamiento que podrían ser sancionados por haber participado en este proceso son: la diputada federal Bárbara Botello Santibañez, la diputada local Beatriz Manrique Guevara así como los exsíndicos Eugenio Martínez Vega y Luis Fernando Gómez Valázquez.
También podrían alcanzar sanción quienes fungieron como regidores durante la pasada administración: Aurelio Martínez Velázquez, Verónica García Barrios, Miguel Ángel Balderas Fernández, Jacobo Cabrera Lara, Esther Zúñiga Rodríguez, Alejandro Kornhauser Obregón y José Luis Zúñiga Rodríguez quienes firmaron los procesos de licitación que fueron observados como irregulares por los órganos fiscalizadores.
Los funcionarios que podrían ser sujetos de sanción son: el ex tesorero Roberto Pesquera Vargas, el ex director de Medio Ambiente Fidel García Granados y Otto Portugal Prada, inclusive.
LAS OBSERVACIONES
Este día se analizó el legado de información que contiene la auditoría específica a los procesos de operación del SIAP que integró la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato donde se verificaron los requisitos de la convocatoria pública, los requisitos de los participantes, la capacidad financiera de los participantes, la emisión de la resolución del Ayuntamiento y los requisitos del título de concesión otorgados.
La auditoría determinó que las bases de la licitación pública no se establecieron en las condiciones técnicas, administrativas y financieras por lo que se señala como presuntos responsables de la omisión a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del gobierno barbarista.
También se observó que las bases de la licitación pública no se señalaron los criterios y formas para la evaluación de las ofertas de la concesión lo que ocasionó que la Comisión Técnica Especializada del Ayuntamiento aplicara criterios distintos en la evaluación de las propuestas técnicas, administrativas y financieras de los participantes sin que éstas estuvieran en igualdad de condiciones, al no existir los criterios y formas preestablecidas para la evaluación de las ofertas donde hubo parcialidad en las propuestas. Aquí los servidores públicos que elaboraron las bases para la licitación, así como los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente son los presuntos responsables del daño patrimonial.
Además se observó que en el dictamen técnico, financiero, legal y administrativo, se aceptaron propuestas de los participantes ganadores como: Gestión e Innovación en Servicios Ambientales y Red Recolector, aún y cuando estos no cumplieron con la totalidad de las condiciones señaladas en las bases de la licitación pública ni en la junta de aclaraciones. Como presuntos responsables se señala a integrantes de la Comisión Técnica Especializada del Ayuntamiento, el director general de recursos materiales y servicios generales, el director general del medio ambiente y el director general del sistema integral de aseo público.
Finalmente en la observación, se observó que no hubo sustento en el análisis costo-beneficio, no se garantizó que la aplicación de recursos públicos fueran eficientes y que costó 54 por ciento más caro que otra de las propuestas. Como presuntos responsables se observan a integrantes de la Comisión de Medio Ambiente Sustentable.
QUÉ SANCIONES PODRIAN OBTENER
De a cuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, las sanciones podrían llegar a: amonestación, sanción económica, suspensión, destitución e inhabilitación de servidores públicos.
En términos de la ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el procedimiento de sanción y la imputación de la sanción, corresponderá a la Contraloría Municipal de León.
Cabe señalar que la ASEG ha realizado 11 auditorías al Gobierno de Bárbara Botello que ha derivado en 36 responsabilidades penales, 6 civiles, 226 administrativas con un daño al erario total de 47 millones 932 mil 187.74 pesos.
