Algo no huele bien. A la espera de las contingencias ambientales en Guanajuato, que se esperan entre los meses de noviembre y febrero, inclusive, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa)encontró que al menos una de las estaciones de monitoreo del aire que arrojan los resultados de medición al sistema nacional Proaire, no funciona.
Derivado de la Recomendación General 32/18 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la PROFEPA inició la revisión de las estaciones de monitoreo en 16 estados del país; Guanajuato está entre los peor evaluados pese, a las millonarias inversiones que se han realizado en infraestructura y para la supuesta medición en tiempo real de la calidad del aire. Si los resultados son una no verdad, entonces los impactos a la salud pública a consecuencia de la polución tampoco son ciertos.
Ello podría derivar en un severo extrañamiento al Gobierno de Guanajuato por la falta de atención en el mantenimiento de las estaciones de monitoreo ambiental que, sin embargo, han recibido fuertes suma de dinero en inversión y que ahora la Profepa viene a constatar que hay deficiencias.
Un caso: el 24 de Septiembre de 2015 se anunció la instalación de una cámara de monitoreo ambiental Hazecam en León cuyos resultados no son públicos.
La página www.seica.guanajuato.gob.mx sólo revela los resultados de las estaciones CICEG, T-21 y Facultad de Medicina sin mostrar los que supuestamente arrojaría en imágenes la cámara Hazecam que estaría instalada en la estación San Juan Bosco.
Un dato: según expertos en materia ambiental, la falla que presentó la estación de monitoreo ambiental en Celaya se debe a la falta de mantenimiento en la infraestructura de la medición, si la falla se presentó en una, se debe recurrir a una inversión cercana a los 10 y 15 millones de pesos para que se rehabiliten las restantes y dar certeza a la ciudadanía que la salud pública, al menos por el aire que se respira, está bajo vigilancia precisa.
Sin embargo, desde hace cinco años, grupos ambientalistas han denunciado de manera pública su desconfianza en las mediciones que se han realizado y hoy, la dependencia federal, parece que les da razón.
Al menos en el último presupuesto enviado por la ex titular del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, Ana Carmen Aguilar Higareda como de su sucesor, Juan Ángel Mejía Gómez, no se aprecia un presupuesto destinado al mantenimiento de las estaciones de monitoreo y, en caso que se encuentre alguna falla por omisión, habrán de ser estos funcionarios del gobierno anterior, quienes deberán ofrecer sus respuestas.
Este año, lo diputados tendrán que atender el tema ambiental desde el ámbito de su competencia que habrá de ser el presupuesto. No sólo tendrán que vigilar que exista la suficiencia de recursos para la operación de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, sino una partida para el mantenimiento de las estaciones así como enfrentar una posible sanción económica que alcanzaría los 6 millones de pesos, si resultara el caso.
Ante este panorama, ¿Se habrán tomado las medidas correctas para salvaguardar la salud de la ciudadanía en momentos de contingencia ambiental?, ¿Serían precontingencias bien medidas?, ¿Es tiempo de obligar a la reducción en el uso de los vehículos de motor con un programa como el no circula aunque sea una medida impopular?, ¿Realmente se han atendido los problema con los ladrilleros a través de las estrategias sociales que han dejado los últimos dos gobiernos?.
La respuesta está en el aire, un aire denso que no huele nada bien y que parece que estará con esa densidad en los próximos meses.
Habrá que ver cómo se comportan los diputados en el Congreso del Estado que, por lo pronto, es ahí donde deberá comenzar la remediación en el presupuesto. Aunque la otra opción, es que el Gobierno del Estado de Guanajuato comience a tramitar un amparo contra la posible sanción federal. Así las cosas.
